Un desafío a las restricciones sobre la jurisdicción de la Justicia Universal en España 
CSCA
El 13 de abril de 2010, el Tribunal Supremo español confirmó la decisión anterior de la Audiencia Nacional (Audiencia Nacional, 30 de junio de 2009), que daba por concluida la investigación sobre el ataque de Al Daraj en junio de 2002, en el que 14 civiles fueron asesinados.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), mediante el equipo de abogados encabezados por Gonzalo Boye y Antonio Segura, las contra partes española -CSCA y Al Quds-, y apoyados por Hickman & Rose (Londres), actuando en nombre de las víctimas del ataque presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional español.
La sentencia original se basó en dos conclusiones principales:
i) que hay una investigación en curso sobre el caso en Israel;
ii) que hay varios casos civiles pendientes en Israel, lo que indica que el caso está siendo tratado bajo jurisdicción israelí.
PCHR rechaza enérgicamente estas conclusiones. El ataque de Al-Daraj ocurrió el 22 de julio de 2002. Desde entonces no se han producido ninguna investigación efectiva y el Tribunal Superior de Justicia israelí ha respaldado la política de ejecución extrajudicial del Estado.
Es evidente que Israel no está realmente dispuesto a investigar este crimen, sino que además las acciones de este Estado demuestran un deseo de proteger de la justicia a los presuntos criminales de guerra. El CPDH ha documentado las deficiencias del sistema de investigación y judicial israelí en un informe reciente (Realmente no están dispuestos, http://www.pchrgaza.org/portal ), mientras que Adalah (http://www.adalah.org/eng/) ha preparado un dictamen pericial detallado sobre las investigaciones "realizadas hasta la fecha en Israel con respecto al ataque de Al Daraj (http://www.adalah.org/eng/pressreleases/pr.php?file=07_04_15).
PCHR recuerdan que "la justicia demorada es justicia denegada" y pone de relieve la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Del Caracazo que se afirma que las investigaciones que se demoran por un largo período de tiempo sin que resulten ser identificados los responsables constituyen "una situación de grave impunidad [...] y un incumplimiento de una obligación del Estado ".
La decisión del Tribunal Supremo español representa un gran retroceso en la búsqueda de la justicia internacional y los derechos de las víctimas. Las víctimas y su equipo jurídico han depositado su confianza en el sistema de justicia penal, creyendo que era el mecanismo adecuado para que la rendición de cuentas y para que la impunidad fuese combatidas.
En la actualidad, la jurisdicción universal es el único mecanismo jurídico a disposición de las víctimas palestinas de los crímenes de guerra israelíes. Es el único mecanismo capaz de garantizar los derechos legítimos de las víctimas en base a la protección igualitaria de la ley y la tutela judicial efectiva.
Es una verdad evidente que si la ley ha de ser respetada, debe ser ejecutada. La alternativa, según la cual es negada a los palestinos la protección de las leyes pone en tela de juicio la integridad del derecho internacional.
Los acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad deben ser investigados y sancionados en conformidad con el derecho internacional. Los derechos legítimos de las víctimas deben ser estimados.
La lucha por la rendición de cuentas se mantendrá, y el equipo legal de este caso seguirá dedicándose a reivindicar el imperio de la ley, y continuará por todos los medios legales disponibles exigiendo la rendición de cuentas contra los criminales de guerra.
El equipo legal tiene la intención de impugnar por todos los medios legales disponibles la legalidad de la decisión tomada recientemente en España para restringir su legislación de la jurisdicción universal.
Información sobre el ataque de Al Daraj.
El 22 de julio de 2002, aproximadamente a las 23:55, un avión de combate F-16 de las Fuerzas Aéreas de Israel lanzó una bomba de 985 kilogramos en un edificio de apartamentos de tres pisos. El ataque estaba destinado a matar a Salah Shehade, el presunto líder de la Brigada Izzidin al-Qassam, ala militar de Hamas. El edificio de apartamentos se encuentra en el barrio densamente poblado de Al Daraj, un área residencial de la ciudad de Gaza. En el momento del ataque, Shehade estaba en el piso superior del edificio. Como resultado del impacto y la explosión, ocho edificios de apartamentos adyacentes fueron completamente destruidos, nueve fueron parcialmente destruidos y otros 21 sufrieron daños considerables. Excluyendo Shehade y su guardia, un total de 14 civiles murieron, entre ellos ocho niños. Aproximadamente 150 civiles resultaron heridos.
Las autoridades israelíes han reconocido que decidieron lanzar la bomba sobre la casa de Shehadeh sabiendo que su esposa estaba con él, asesinándola intencionalmente a ella también. La decisión de atacar al parecer se tomó teniendo en consideración la posibilidad de que, junto con Shehadeh, aproximadamente 10 civiles también iban a ser asesinados.
Este ataque fue planeado de antemano, teniendo como objetivo una zona densamente poblada, y se llevó a cabo en un momento en que razonablemente podía esperarse que hubiera un número muy elevado de civiles presentes. Este ataque constituye una violación grave de los Convenios de Ginebra de 1949, y forma parte de los constantes y sistemáticos crímenes de guerra, además de poder clasificarse también como un crimen contra la humanidad.
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