Los ataques del gobierno israelí contra el juez F. Andreu

Dos concepciones del Estado de Derecho y la lucha contra el terrorismo

19-05-2009
Antonio Segura*
Rebelión

Tras el Auto dictado por el que el Juez Fernando Andreu por el que desestima la solicitud de archivo propuesta por el fiscal en relación con el bombardeo por las Fuerzas Armadas de Israel contra la población civil de Ciudad de Gaza el 22 de julio de ese 2002, hemos asistido al más furibundo e injusto ataque mediático que se recuerde por parte de un gobierno extranjero contra un magistrado del poder judicial español y por ende contra la democracia española. Ese día un avión F16 israelí lanzó una bomba de una toneladad en el barrio de Al-Daraj para asesinar al dirigente de Hamas, y sin lugar a dudas terrorista en opinión del Gobierno de Israel, Salah Shehadeh, y en la operación murieron catorce civiles que vivían en las inmediaciones de la vivienda del supuesto terrorista. El ataque contra el mencionado juez no procede del legítimo y propio control de los poderes democráticos, sino que ha sido efectuado por políticos y dirigentes de un país amigo con el que tenemos un trato económico preferencial junto al resto de nuestros socios comunitarios, Israel.

«Hay que lamentar que este tipo de iniciativa política [el juez F. Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional, admitió una querella a finales de 2008 interpuesta por los familiares de los asesinados en el bombardeo] pueda prosperar en el sistema judicial español. El objetivo de la maniobra es emplear el sistema judicial español para una causa antiisraelí»: estas declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Igal Palmor, ponen de manifiesto una voluntad injuriosa contra el magistrado que dictó el Auto mencionado, y por extensión contra la institución a la que representa, al que sin rubor se acusa textualmente de antiisraelí y de maniobrar políticamente.

Tal salida de tono de un «diplomático» pone de manifiesto dos cosas: la primera, la falta de respeto a una institución de un Estado de Derecho como es el poder judicial del Reino de España; la segunda, que los políticos de la extrema derecha, de la derecha y de la menos derecha israelí llevan durante muchos años intentando y consiguiendo acallar y anular cualquier tipo de crítica hacia las acciones ilegales de sus gobiernos al calificar al que las realiza como antiisraelí. Con este malévolo juego maquiavélico han logrado silenciar durante muchos años a la opinión pública tanto israelí como internacional, generando en la misma un complejo que les ha permitido seguir violando durante decenios las más elementales normas de derecho internacional sin pagar coste alguno por tal comportamiento.

La democracia española, profundamente comprometida con la paz en Oriente Medio y mediadora en diversos procesos de paz intentados en la región, no debe permitir por más tiempo estas campañas intimidatorias y degradantes, y mucho menos cuando se dirigen contra nuestras instituciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores español debe defender nuestros intereses. En este caso, debe defender nuestras instituciones contra los ataques de terceros y debe emitir la más enérgica respuesta contra este insulto a todos los ciudadanos españoles. De no ser así, estaríamos no sólo dejando entrever la fragilidad institucional de un país que pretende estar entre los miembros del G-20, sino además otorgar con ese silencio el calificativo de antiisraelí a un acto de la justicia española. El juez no es antiisraelí, los querellantes no son antiisraelíes, los españoles no somos antiisraelíes. Tenemos, por el contrario, una relación especial con un pueblo que tanto tiene en común con nuestra cultura, con nuestro pasado y con nuestro presente. Cosa distinta es que no estemos dispuestos a comulgar con ruedas de molino y vayamos a permitir que esa amistad permita al gobierno de turno del Estado de Israel seguir masacrando ilegal e impunemente a la población civil de otro pueblo también hermano.

Pero la prepotencia de estos dirigentes políticos israelíes a la hora de mostrar su menosprecio por las autoridades e instituciones españolas no tiene límite. Dentro de esta misma campaña el diputado Abraham Dichter –imputado en el caso– se atrevió sin rubor a decir que «en España no se sabe distinguir entre la lucha antiterrorista y los crímenes contra la humanidad».

Consentir tan peculiar apreciación, viniendo de quien viene, sin una nueva respuesta contundente por parte de nuestros representantes políticos, sería de nuevo admitir por omisión no ya una humillación al poder judicial, sino y además por extensión al resto de poderes del Estado.

En el año 2004 los españoles tuvimos más muertos y heridos por ataques terroristas yihadistas que los israelíes, pero no por ello nos dedicamos a arrojar bombas sobre las casas de los supuestos terroristas. Los atentados del 11 de Marzo fueron juzgados por un tribunal legal y legítimamente constituido, aplicándose un ordenamiento jurídico que recae por igual sobre todo tipo de delincuentes y en el que a tenor del mismo éstos tienen derecho a una defensa y a un procedimiento con todas las garantías, tal y como exige las normas básicas de un Estado de Derecho. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron a los sospechosos, investigaron y aportaron las pruebas al procedimiento en virtud de las cuales se demostró, en unos casos sí y en otros no, la participación de éstos en los atentados, dictándose finalmente una sentencia que condenó a unos procesados y absolvió a otros. Esta sentencia fue recurrida y el Tribunal Supremo absolvió a más imputados, pues entendió que no había podido demostrarse sin duda alguna su participación en los hechos juzgados. Esta es la lucha de una democracia contra el terrorismo: lanzar bombas de una tonelada en el barrio más poblado del mundo o ejecutar a personas sin juicio previo es otra, desde luego, pero no la que se utiliza en España aunque sí evidentemente en Israel. Por eso no se pueden consentir lecciones a este respecto por parte de ningún político israelí, y mucho menos por el señor Abrahan Dichter, que como hemos dicho está imputado en este procedimiento por haber participado supuestamente (y por eso le queremos dar la oportunidad de un juicio justo) en el asesinato de 14 civiles en el execrable ataque de Al Daraj (Gaza) en 2002.

No obstante, me gustaría recordar también que en España existe experiencia en juzgar con éxito crímenes contra la humanidad. La Audiencia Nacional condenó y el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenó al militar argentino Adolfo Schilingo por el mencionado tipo penal. El imputado en este caso tuvo un juicio justo y un procedimiento con todas las garantías procesales, al igual que en su día (salvando las distancias) Adolf Eichman en Israel, excepto con una pequeña diferencia en cuanto a la forma de detención. Por ello declaraciones de ese tipo no pueden ser dejadas en el aire sin respuesta, pues sería tirar por tierra todo ese ingente trabajo al servicio de la lucha contra la impunidad realizado con tanto esfuerzo por las instituciones y los ciudadanos de nuestro país.

Pero donde la campaña comienza a tener tintes cuasimafiosos, caciquiles o simplemente ridículos, y pone de manifiesto, más si cabe, un insulto en este caso especialmente dirigido contra el ejecutivo español, es en la declaración a estos efectos del ministro de Defensa israelí y líder del Partido Laborista, Ehud Barak, que dijo el 3 de mayo de 2009 en el diario progresista Haaretz: «Voy a pedir al ministro de Asuntos Exteriores español, a la ministra de Defensa y, si es necesario, al presidente del Gobierno español, compañero mío en la Internacional Socialista, que anulen la decisión».

De no poner después del sustantivo gobierno el adjetivo español parecería estar hablando del ejecutivo de una república bananera: el ministro de Defensa israelí va a pedir a un compañero de su club político, quien resulta ser presidente de un Gobierno democrático elegido y constituido, que anule el auto de un juez de su país. El señor Barak o no tiene clara cual es la función de un presidente y de un juez en una democracia, obviando la división de poderes, o ningunea con sarcasmo al ejecutivo español y a su presidente. De nuevo es algo que no se debe consentir, y de consentirse y dar la callada por respuesta se esta reconociendo que somos antiisraelíes, que no sabemos distinguir lucha contra el terrorismo y crímenes contra la humanidad, y que el presidente del Gobierno va a anular una decisión judicial por que un amigo suyo se lo pide. Por ello debemos exigir al ejecutivo que defienda las instituciones democráticas españolas, al juez, al legislador, y a sí mismo frente a este tipo de ataques injustificados. Señores políticos en el poder de Israel, si tan seguros están de la inocencia de los querellados, colaboren con las autoridades españolas, tal y como les obliga el tratado de colaboración judicial [Tratado de Colaboración Judicial Europeo firmado por Israel], manden al juzgado a los querellados, dándoles la oportunidad de defenderse de las acusaciones, y no nieguen la mayor intentando desacreditar burda e injustamente a todo un pueblo y a sus instituciones.

Un Estado mucho más poderoso y con una historia más dilatada que Israel, pero no por ello más o menos respetable, Estados Unidos, ha sido realmente respetuoso con el Estado de Derecho, con las instituciones de nuestro país y por extensión con los ciudadanos españoles en una situación similar de interposición de una querella contra funcionarios de su país por las supuestas torturas perpetradas en Guantánamo. Nadie de esa Administración ha acusado a ningún juez de antiestadounidense, ni ha intentado menospreciar nuestras instituciones dando lecciones en la lucha contra el terrorismo, como tampoco ha intentado saltarse la división de poderes anunciando presiones políticas: todo lo contrario, lo que Estados Unidos ha hecho ha sido agradecer y congratularse de que en España se haya iniciado un procedimiento para esclarecer lo ocurrido en el centro de detención ilegal de Guantánamo, ofreciéndose a colaborar en la medida de lo posible. Sea sincero o no este comportamiento, es lo mínimo que puede esperarse de quien se considera una democracia. Respecto al comportamiento y los pronunciamientos de las autoridades israelíes, el Estado y los representantes políticos de nuestro país están en la obligación política, institucional y moral de contestar taxativa y nítidamente sus extravíos.

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* Antonio Segura es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y licenciado por la UCM. En 1997 comenzó a trabajar en asuntos penales relacionados con la jurisdicción universal y, junto al equipo Nizkor, representando a la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos en la acusación popular personada en el procedimiento abierto por los crimenes cometidos en la dictadura Argentina, consiguiendo la única condena producida hasta hoy en España por Crimenes Contra la Humanidad para el militar argentino Adolfo Schilingo. Tambien está personado en la Aundiencia Nacional como acusación popular en el caso Guatemala representando a la Asociación contra la Tortura, y en el caso Couso representando a la Asociación Libre de Abogados, de la que fue presidente desde el año 2002 al 2004. En la actualidad es uno de los abogados que ha elaborado la querella de Gaza en el caso de Al-Daraj, al igual que la querella contra los abogados creadores de la prisión de Guantanamo. Tambien en estos momentos, de nuevo colaborando con el Equipo Nizkor, es acusación particular en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por el caso de los españoles internados en Mauthausen contra los guardianes SS de ese campo. Es también el abogado coordinador de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, y a la cual ha representado en el juicio por los atentados de madrid del año 2004. Desde su colegiación continúa prestando servicios en el turno de oficio.