REFUGIADOS-LÍBANO: Palestinos atados de pies y manos

Por Mona Alami

BEIRUT, jul (IPS) - Decenas de refugiados palestinos permanecen detenidos arbitrariamente durante años en Líbano.

El palestino Youssef Shaaban fue liberado a comienzos de este mes, tras cumplir 16 años de sentencia en una prisión libanesa por un crimen que no cometió.

Shaaban fue condenado por el Consejo de Justicia de Líbano en octubre de 1994, acusado de matar a tiros al primer secretario de la embajada de Jordania, Naeb Imran Matiyeh.

Ocho años después del veredicto, un tribunal jordano condenó por el mismo delito a dos ciudadanos de ese país. La fiscalía jordana no hizo ninguna referencia al presunto rol de Shaaban en el asesinato.

En 2007, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que funciona en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo que la reclusión de Shaaban no tenía base. Sin embargo, se le negó el derecho a apelar. Un tribunal libanés rechazó como evidencia la sentencia jordana, bajo el pretexto de que la había emitido una entidad extranjera.

Su liberación fue posible este año cuando el presidente Michel Suleiman le concedió un indulto.

En la cárcel fue torturado, relató Shaaban a IPS. Lo obligaban a sentarse en una "silla de metal" que ejercía presión sobre su columna vertebral. También lo colgaban de los pies, le aplicaban choques eléctricos y le impedían dormir.

Los relatos de detenciones arbitrarias abundan. "Mi hijo Kassem fue arrestado a raíz de la guerra de Nahr el-Bared, entre el ejército libanés y la organización terrorista Fatah al-Islam en 2007", dijo Lutfi Hajj Ahmad, miembro del Comité de Padres de los Detenidos de Nahr el-Bared, campamento de refugiados palestinos situado cerca de Trípoli, unos 100 kilómetros al norte de Beirut.

"En aquel momento tenía 15 años", agregó.

Hajj Ahmad resultó herido al inicio de los enfrentamientos, y tuvo que abandonar el campamento, donde permaneció su familia. "El día que el ejército les ordenó que se fueran, mi hijo Kassem fue a buscar agua y quedó atrás", recordó.

Kassem fue herido y luego arrestado junto con otros miembros de Fatah al-Islam. Lo liberaron este mes. "Lo empaparon con gasolina, y luego lo amenazaron con prenderle fuego", dijo Hajj Ahmad.

Jihad Kadi fue arrestado hace cuatro meses en el septentrional campamento de Badawi. Según su hermano Adnan, fue acusado de "brindar asistencia a combatientes heridos de Fatah al-Islam en 2007, dos años después del fin del conflicto".

Una mujer que vive en Nahr el-Bared y es madre de cinco hijos, dijo que uno de ellos, adolescente, fue arrestado en 2007.

"En dos años no se le ha acusado de ningún delito. Yo lo visito cada semana en (la prisión de la occidental ciudad de) Roumieh; el viaje me resulta bastante costoso. Perdimos todo lo que teníamos en la guerra (de 2007). Ahora tengo que mendigar aquí y allá para conseguir la miseria semanal que me permite visitar a mi hijo", explicó.

Según Hajj Ahmad, unas 30 personas arrestadas en la guerra de 2007 no han sido juzgadas. Una fuente gubernamental señaló que alrededor de 75 palestinos fueron arrestados bajo sospecha de estar conectados con Fatah al-Islam.

El artículo 108 del Código Penal no impone límites de tiempo a la detención de personas acusadas de delitos contra la seguridad del Estado, explicó el abogado Paul Morcos.

Esta sección de la ley fue usada contra cuatro generales libaneses acusados de conspirar para asesinar al ex primer ministro Rafik Hariri, cometido el 14 de febrero de 2005. Ellos son Mustafa Hamdan, ex jefe de la guardia presidencial, Jamil Al-Sayyed, director de los servicios de seguridad, Ali Al-Hajj, jefe de seguridad interna, y Raymond Azar, jefe de inteligencia militar.

"Aunque el texto no estipula un periodo máximo, el imperio de la ley implica un lapso razonable, que tome en cuenta la gravedad del delito y las posibles repercusiones de liberar a la persona acusada", señaló Morcos.

El palestino Hajj Ahmad señaló que los refugiados no pueden comunicarse con los parlamentarios libaneses, que suelen ejercer presión sobre el gobierno cuando un ciudadano permanece detenido por un periodo prolongado.