¿Debe la ONU proclamar el Estado palestino?

HENRY SIEGMAN 31/07/2009

La comunidad internacional quizá está empezando a tomar nota de lo absolutamente inútiles que son las expectativas de que un gobierno israelí acepte un acuerdo de paz justo y viable que acabe con el sometimiento y la negación de todos los derechos nacionales e individuales que sufre el pueblo palestino desde hace más de cuarenta años. Y es de esperar que ése sea el sentido en el que el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, ha propuesto que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asuma la responsabilidad de instaurar un Estado palestino en un plazo determinado de tiempo si para entonces no se ha llegado a un acuerdo entre las partes. Después, el Consejo de Seguridad establecería las fronteras internacionales de Israel y el nuevo Estado y formularía los parámetros para la resolución de cada uno de los otros problemas relacionados con el estatus permanente: Jerusalén, los refugiados y la seguridad.

Evidentemente, todo esto es imposible sin el consentimiento y el liderazgo de Estados Unidos, que no parece probable que se den si se considera, equivocadamente, que dicha propuesta supone un castigo por la falta de acción, y no lo que realmente es: la intención original de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reclamaban la vuelta de Israel a las fronteras de 1967.

Como he escrito en ocasiones anteriores, la responsabilidad del Consejo de Seguridad a la hora de resolver las consecuencias de la guerra de 1967 si las partes son incapaces de lograrlo estaba claramente implícita en el lenguaje de las resoluciones, que subrayaba que era inadmisible la adquisición de territorios ajenos como resultado de una guerra.

Sin embargo, la política de ocupación de Israel y su vasta campaña de asentamientos se han basado en la hipótesis contraria, es decir, en que, a falta de un acuerdo de paz con los palestinos, la "situación normal" es la prolongación indefinida de la ocupación de los territorios y sus habitantes. Si esta interpretación israelí fuera correcta, las resoluciones del Consejo de Seguridad supondrían todo un llamamiento a Israel -y a todos los ocupantes- a evitar las conversaciones de paz con el objetivo de preservar el statu quo. Esto es, por supuesto, exactamente lo que Israel ha venido haciendo, en clara violación de la declaración, en la introducción a la Resolución 242, de que no es posible adquirir territorios mediante una guerra.

La postura de Israel desde hace mucho tiempo es que, como no existía un Estado palestino antes de la guerra de 1967, no hay una frontera reconocida a la que Israel pueda retirarse, porque la que había antes de 1967 no era más que una línea de armisticio. Además, como la Resolución 242 reclama una "paz justa y duradera" que permita "vivir en seguridad a todos los Estados en la zona", Israel sostiene que debe permitírsele cambiar la línea del armisticio, de forma bilateral o unilateral, para garantizar que es segura antes de poner fin a la ocupación.

Estos argumentos son engañosos por muchos motivos, pero sobre todo porque la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU sobre la Partición, que en 1947 estableció la legitimidad internacional del Estado judío, reconocía también el territorio palestino que quedaba fuera de las fronteras judías como, por lo menos, el patrimonio igualmente legítimo de la población árabe de Palestina, en el que ésta podía establecer su propio Estado, y trazaba los límites de dicho territorio con gran precisión.

La afirmación del derecho de la población árabe de Palestina a la autodeterminación nacional de la Resolución 181 se basaba en la ley normativa y el principio democrático que concede el carácter de Estado a la población mayoritaria (en aquella época, los árabes constituían dos tercios de la población en Palestina). Este derecho no se evapora porque se haya retrasado su entrada en vigor.

A lo largo de los años, he afirmado que la incapacidad de la comunidad internacional de rechazar la idea israelí de que la ocupación y la creación de "hechos consumados" pueden prolongarse de forma indefinida, mientras no exista un acuerdo que Israel considere aceptable, es lo que ha acabado con todas las iniciativas de paz anteriores y con los esfuerzos de todos los enviados especiales.

Los trabajos actuales correrán la misma suerte si no se aborda de una vez por todas este aspecto fundamental. Estados Unidos y la comunidad internacional deben llevar a la práctica la sencilla lógica de las Resoluciones que afirma que la situación normal es el regreso al statu quo ante: la frontera anterior a 1967, sin los cambios territoriales ni de otro tipo que podrían derivarse de unas negociaciones y un acuerdo de paz.

Lo que se necesita, como propone Solana, es una resolución del Consejo de Seguridad que afirme que los cambios respecto a la situación anterior a 1967 sólo pueden hacerse mediante acuerdo entre las partes, y que las medidas unilaterales no contarán con el reconocimiento internacional; que la situación normal de la Resolución 242 es el regreso de las fuerzas de ocupación israelíes a las fronteras anteriores a 1967, y que, si las partes no llegan a un acuerdo en un plazo de tiempo definido, el Consejo de Seguridad invocará la situación normal de las Resoluciones de 1967 y 1973.

El Consejo de Seguridad adoptará sus propios términos para poner fin al conflicto y dispondrá el envío de una fuerza internacional a los territorios ocupados para contribuir a instaurar el imperio de la ley, ayudar a los palestinos a construir sus instituciones, garantizar la seguridad de Israel mediante la prevención de la violencia a través de la frontera y supervisar la puesta en práctica de sus condiciones para el final del conflicto.

El presidente Obama ha indicado que tiene intención de presentar al Gobierno de Israel y la Autoridad Palestina una propuesta de marco para un acuerdo permanente. Lo mejor, para la causa de la paz en Oriente Medio que está tratando de lograr antes de que desaparezca la solución de dos Estados, sería que ese marco se convirtiera en la base de una resolución del Consejo de Seguridad que instaure un Estado palestino.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Henry Siegman es presidente del U. S. / Middle East Project (Nueva York) e investigador de FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Madrid).

Fuente: EL PAIS