Por Maurizio Guerrero. Corresponsal
Naciones Unidas, 8 Nov (Notimex).- Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, los mecanismos actuales para hacer justicia a las víctimas de la invasión a Gaza perpetrada por Israel en diciembre del año pasado son insuficientes.
Apenas este jueves, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) votó a favor de una resolución que solicita tanto a Israel como a la Autoridad Palestina investigar a los responsables de la muerte de casi mil 500 civiles durante la incursión militar en Gaza.
La votación ocurrió luego de que el Consejo de Derechos Humanos aprobara una resolución similar, ambas desprendidas de la misión encargada por la ONU para consignar los hechos ocurridos antes y durante la invasión israelí.
El juez sudafricano Richard Goldstone fue quien elaboró el informe, que asentó que tanto militares israelíes como militantes palestinos agrupados en Hamás habían cometido crímenes de guerra y, probablemente, contra la humanidad.
Desde que el informe Goldstone como se le conoce ahora fue presentado el verano pasado, el gobierno de Israel lo tachó de parcial y tendencioso, y expresó que no juzgaría a ninguno de sus militares involucrados en ataques a civiles palestinos.
De acuerdo con cifras de la ONU, durante la invasión, que duró poco menos de dos meses, perecieron mil 400 palestinos y 13 israelíes.
Por su parte, autoridades palestinas expresaron que estaban dispuestas a investigar y a juzgar a los responsables de lanzar misiles contra comunidades civiles de Israel.
El informe Goldstone, sin embargo, no cuenta con herramientas legales que hagan obligatoria su aplicación.
En ese contexto, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU aprobaron sendas resoluciones para que los crímenes fueran procesados. No obstante, dichas resoluciones no son vinculantes, y pueden ser ignoradas por las partes.
La resolución aprobada por la Asamblea General, sin embargo, asienta que el tema debe ser estudiado también por el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano que podría emitir sanciones a los involucrados que no cumplan sus lineamientos.
No obstante, las cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido tienen poder de vetar cualquier decisión tomada en consenso por los 15 países que conforman el órgano.
Así, es previsible que Estados Unidos impida sancionar a Israel, y que el tema quede, en el mejor de los casos, en un simple llamado a la justicia. En la Asamblea General, Estados Unidos criticó el informe Goldstone como imparcial e incompleto.
El siguiente organismo del sistema de la ONU que podría retomar el tema sería la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, las dificultades abundan para que esta entidad pueda desempeñar su operación.
La CPI abre casos a individuos, por lo que haría falta iniciar una investigación aún más exhaustiva sobre la invasión a Gaza. Una vez hallados los culpables, no obstante, sus gobiernos nacionales podrían no consentir en entregarlos a los tribunales del CPI.
Otro de los frentes en lo que se busca establecer responsabilidades durante la invasión a Gaza lo abrió la semana pasada el gobierno de Suiza, durante su participación en la Asamblea General.
Como depositario de la Convención de Ginebra, que establece los estándares humanitarios a observarse en torno a la población civil durante conflictos armados, Suiza investigará los alegatos de que Israel empleó fósforo blanco como arma de guerra en Gaza.
Quemaduras con fósforo en menos de 10 por ciento del cuerpo pueden ser fatales debido al daño causado al hígado, riñones y corazón, y su empleo en zonas civiles constituye un crimen de guerra.
Pese a los hallazgos a los que lleguen las investigaciones suizas, tampoco hay garantías de que los responsables sean llevados a la justicia.
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