31/1/2009
Khalid Amayred
Torturas, detenciones, desapariciones por combatir o denunciar al invasor sionista, realizadas por los colaboracionistas de la autodenominada “Autoridad Nacional Palestina”
Cuando la cadena de televisión por satélite Al-Quds, que tiene su sede en Beirut, me entrevistó la pasada semana sobre la reciente carnicería genocida israelí en la Franja de Gaza, nunca se me ocurrió que las pocas frases que pronuncié iban a acabar con mis huesos en la celda resbaladiza de una prisión en el cuartel general que el Aparato de Seguridad Preventiva de la Autoridad Nacional (PSA, por sus siglas en inglés) tiene en Hebrón.
Durante la entrevista por televisión, se me preguntó por qué el régimen de Ramala que EEUU apoya no estaba permitiendo que hubiera manifestaciones en solidaridad con la Franja de Gaza. Respondí que la AP no quería que las cosas se le escaparan de control y que tampoco quería enfrentamientos con Israel.
Resulta chocante que el mismo Israel hubiera permitido que se celebrara una manifestación masiva contra la guerra en Gaza en la ciudad árabe israelí de Sakhnin, en la que participaron 150.000 personas, incluidos algunos activistas judíos por la paz, que tomaron las calles para protestar por los nauseabundos asesinatos y bombardeos de objetivos civiles por todo el enclave costero.
Señalé también que Israel no respetaba en absoluto a la AP y que la consideraba de hecho una entidad al servicio de los intereses israelíes.
Pensé, y todavía lo pienso, que estaba afirmando algo obvio. Sin embargo, parece que el establishment de la seguridad palestina tenía una idea diferente.
Una proverbial taza de café
El 18 de enero, a primera hora de la tarde, alguien del centro del PSA local me invitó a tomar una taza de café con el jefe del servicio durante cinco minutos. Finalmente, los “cinco minutos” se alargaron hasta cincuenta y cinco horas de una experiencia de pesadilla.
Supe que querían arrestarme desde el momento en que escuché la molesta llamada telefónica que la mayoría de los palestinos asocian con un arresto inminente por parte de alguna de las agencias de seguridad.
Cuando allí llegué no se me pidió que me reuniera con el jefe de seguridad local ni se me ofreció la proverbial taza de café. En su lugar, me encerraron de inmediato dentro de una habitación pequeña y me confiscaron el teléfono móvil.
También me quitaron el reloj y los cordones de los zapatos. ¡Les debía preocupar muchísimo mi seguridad!
Media hora después, me llevaron a los cuarteles del PSA en Hebrón, a 14 kilómetros. Allí, se dedicaron a reprenderme por “mancillar y distorsionar la imagen de la AP”, “sembrar el descontento” y “favorecer la provocación”.
Me sometieron a cuatro sesiones de interrogatorio que cubrieron toda una serie de cuestiones y temas, desde la estrategia iraní en Oriente Medio a las desvanecidas oportunidades para la creación de un estado palestino.
Les dije a mis interrogadores que lo que estaban haciendo iba contra la ley, porque la ley palestina afirmaba que “el aparato de seguridad no tiene derecho a cuestionar, interrogar o detener a un periodista en relación a su trabajo”.
Cuando dije esas palabras, uno de los operativos se burló, diciendo: “Aquí estamos en Palestina, no en Suecia”.
Una habitación pequeña, casi a oscuras y con olor a rancio
Los interrogadores no cometieron abusos contra mí ni física ni verbalmente. Sin embargo, me arrojaron en una habitación pequeña, casi a oscuras y con olor a rancio con otros dos detenidos, un prisionero político y un delincuente común. Eso, en sí mismo, era una forma humillante de maltrato.
Que te arrojen a una celda resbaladiza, con un circuito de agua a la vista, no es exactamente la forma adecuada de tratar a un periodista que se ha pasado toda una vida defendiendo la justicia de la causa palestina frente a la propaganda y mentiras israelíes. Pero había algo en lo que, en cierto modo, tenían razón. Cisjordania no es Suecia y el régimen de la AP no es el gobierno de Suecia.
El 20 de enero por la tarde se me pidió que me reuniera con el jefe del PSA, Abu Al-Fateh, quien me explicó que la situación general a la que se enfrenta la AP es muy sensible y delicada y que los periodistas tenían que tener cuidado con lo que dicen y escriben.
En general coincidí con él. Sin embargo, le discutí con pasión que suprimir la libertad de expresión, especialmente la libertad de prensa, era una idea muy peligrosa. Le expliqué que cuando se consigue que la gente tenga miedo del gobierno significa que ese gobierno no es democrático y que tiene mucho que esconder a su pueblo.
Al final de la conversación, me dijeron que me fuera a casa.
Este último encuentro con el PSA no era la primera vez que el establishment de la seguridad de la AP se dedicaba a acosarme. El pasado año, la Mujabarat (servicios generales de inteligencia) de la AP me interrogó también intensamente acerca de mi trabajo profesional.
En 1998, fui arrestado y brevemente encarcelado por informar sobre la frecuente utilización de la tortura en los centros de interrogación de la AP. También me interrogaron, tanto el aparato de seguridad palestino como el israelí, sobre un artículo que escribí acerca de la preeminencia del derecho al retorno de los refugiados palestinos desarraigados de su patria ancestral en lo que hoy es Israel.
Estos días, la mayoría de los palestinos arrestados por Israel o por la AP son vueltos a arrestar por la otra parte después de haber sido liberados.
Autocensura
Averigüé que el principal objetivo de mi breve pero injustificada encarcelación fue conseguir que pusiera en marcha mi propia autocensura y me contuviera a la hora de llamar a las cosas por su verdadero nombre.
Sin embargo, para los periodistas, “autocensura” no es una palabra inocua. En la actualidad representa al enemigo supremo del periodismo saludable. Después de todo, un periodista debe ser responsable, primero y ante todo, con su conciencia dentro del marco de la ley.
Por desgracia, muy poca gente dentro del establishment de la seguridad palestina entiende el lenguaje de los derechos humanos y las libertades civiles.
Esa situación se ve agravada aún más por la persistente lucha por el poder entre Hamas y Fatah, que a menudo se utiliza como pretexto y justificación para la atmósfera de estado policial que prevalece actualmente en Cisjordania.
De ahí que uno exagere bien poco al decir que la situación de los derechos humanos y de las libertades civiles en Cisjordania es probablemente peor hoy en día de lo que lo fue nunca desde que se estableció la Autoridad Palestina hace más de quince años.
Violaciones rampantes
En realidad, mi experiencia reciente palidece en comparación con las persecuciones más serias para cazar a periodistas no conformistas desplegadas por toda Cisjordania.
La pasada semana, el personal de la seguridad de la AP asaltó y golpeó gravemente al corresponsal de Associated Press, Majdi Ishtayyeh, mientras filmaba una manifestación “no autorizada” en Ramala. Según se informó, Ishtayya fue atrapado en un edificio cercano donde fue salvajemente golpeado causándole una hemorragia grave en la nariz.
El periodista de 44 años tuvo que someterse a una operación quirúrgica para arreglar su maltrecha nariz en un hospital de Nablus.
Otros periodistas, fotoperiodistas y cámaras fueron violentamente atacados, destrozándoseles o confiscándoseles el equipo.
El pasado año, hasta veinte periodistas palestinos fueron encarcelados durante períodos relativamente largos por informar de noticias o puntos de vista que el régimen de la AP considera que van en detrimento para sus intereses o imagen. Muchos de esos periodistas fueron golpeados e incluso torturados por negarse a ajustarse a la “línea oficial”.
Y en casi todos los casos se presentaron acusaciones contra ellos del estilo de “sembrar división, provocación y poner en peligro la unidad nacional”.
El pasado año, Awad Rayub, un corresponsal de Al-Jazeera.net fue detenido durante treinta y dos días en una celda de la prisión del PSA en Hebrón en lo que describió como “condiciones duras y humillantes”. Se le obligó a dormir en una habitación desnuda, sin colchón ni sábanas, donde tuvo que usar como almohada sus propios zapatos.
Se acusó a Rayoub de entrevistar a los críticos con la AP.
Carta blanca para violar la ley
De hecho, hay una impresión generalizada de que las agencias de seguridad gozan prácticamente de carta blanca para violar la ley con tal de que castiguen y acaben con los opositores políticos de la AP, especialmente con la gente afiliada al campo islámico.
Durante mi breve período en la cárcel de Hebrón vi cómo a varios presos les sometían la técnica del shabah (encapuchados), por la que a un prisionero se le sienta en una habitación reducida con las manos atadas a la espalda.
En un determinado momento, escuché a un preso gritando: “¿Por qué me estáis golpeando, por qué me estáis golpeando?”.
El gobierno de la AP en Ramala afirma que está haciendo todo lo que puede para mantener el imperio de la ley. Esta es la respuesta habitual a las críticas expresadas por las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
Sin embargo, es obvio que bajo la AP la situación de los derechos humanos y las libertades civiles sigue deteriorándose, especialmente con la práctica paralización del sistema judicial palestino y a la luz de la conspicua hegemonía que las agencias de seguridad ejercen sobre la sociedad civil. Por todo esto es por lo que los palestinos confían en que el gobierno de la AP, que mucha gente considera ilegal e ilegítimo, emita órdenes claras e inequívocas a las agencias de seguridad para que acaben ya con las detenciones y malos tratos a los periodistas y respeten los derechos civiles y humanos básicos de los ciudadanos palestinos.
Khalid Amayreh es un periodista que vive en Palestina. Obtuvo el doctorado en periodismo en la Universidad del Sur de Illinois en 1983. Desde la década de 1990 trabaja y escribe para varios medios de información, ente ellos Aljazeera.net, Al-Ahram Weekly, IRNA y Middle East International.
Fuente: La Haine
Leer también artículo de Gideon Levy titulado: 'Now you are paralyzed, as we promised'
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