Los límites de la “izquierda” en su defensa del pueblo palestino

04-02-2009
Angeles Diez
Rebelión

En la agresión Israelí a Gaza que ha tenido lugar, que sigue teniendo lugar, las “izquierdas”, lo mismo que las “derechas”, han tomado posiciones, han construido sus cercados lingüísticos, aquellos que les permitían situarse adecuadamente ante el problema. El caso de España es sin duda paradigmático: un partido en el gobierno, con un ministro de relaciones exteriores que dice ser amigo de los palestinos [1] , un presidente de gobierno que condena en un mitin de su partido los ataques israelíes, unos militantes del PSOE que salen en manifestación en solidaridad con Palestina; al tiempo, un país que se encuentra entre los diez principales exportadores de armas a Israel, cuyos servicios secretos cooperan con los servicios secretos israelíes, que mantiene acuerdos preferentes, que apoya la creación de la casa Sefarad-Israel, que insiste en que una cosa es lo que haga el partido y otra la actuación del gobierno, y su política de Estado que, por supuesto, es de muy buenas relaciones con “la gran democracia israelí” (expresión del presidente de turno de la Unión Europea Nicolás Sarkozy). Si esta actuación esquizofrénica ha caracterizado al partido en el gobierno, en el caso de otras organizaciones como las sindicales y otros grupos de izquierda con vocación institucional, se ha producido también un planteamiento, cuanto menos, desconcertante. Al mismo tiempo que han condenado a Israel por sus ataques, han prestado igual o mayor énfasis en condenar a Hamas como responsable de lo que le pasaba a la población Palestina –sin llegar al extremo de las acusaciones de Simon Peres, pero en lo esencial, sosteniendo las mismas argumentaciones justificatorias enarboladas por el gobierno israelí-. Unos y otros han buscado un común denominador, un lenguaje común de “consenso” -el mismo que pide Moratinos para los palestinos cuando dice “no queremos unidad sino consenso”-, que les permitiera aparecer como solidarios con el pueblo palestino al tiempo que “políticamente correctos”.

Este consenso se ha construido sobre dos tabúes: no usar la palabra genocidio y no cuestionar la democracia israelí.

El resultado objetivo, los efectos, de construir el consenso sobre la negación del genocidio y continuar con la farsa de la democracia israelí, no son otros que la complicidad y el bloqueo de cualquier opción justa para el pueblo palestino.

La imposición del consenso ha dejado traslucir un objetivo político de más largo alcance en nuestro país. Se ha trabajado –consciente o inconscientemente-, para interceptar las explosiones de rabia y dolor de la población árabe española, que ha sido sistemáticamente marginada, reprendida y silenciada por los grupos organizados que han conducido y liderado la solidaridad con el pueblo palestino [2] . Los árabes, que acudieron en masa a las manifestaciones convocadas en todo el territorio, tuvieron que aceptar las condiciones impuestas por los grupos que las organizaban, escribían los manifiestos y señalaban qué acciones “estaban autorizadas y las que no”. El temor a que estallara la población árabe emigrante –que se identifica plenamente con la causa Palestina como si fuera la suya propia ha obligado al gobierno y su partido a una estrategia de canalización y control que sólo podía llevarse a cabo desde la “izquierda” [3]

El partido Socialista ha buscado formar parte de todos y cada uno de los grupos que organizaban acciones, su interés ha sido meridiano: “normalizar”, evitar cualquier “radicalidad” “controlar” lo que –en la perspectiva de las movilizaciones con la guerra de Iraq-, corría riesgo de tomar direcciones no deseadas (tener que llamar a consultas al embajador, tener que condenar –desde el Estado-, al gobierno israelí, poner en suspenso las relaciones preferentes….) Para otros grupos (sindicatos, partidos, algunas ONG…), “el consenso de mínimos”, era imprescindible para sostener la imagen de izquierda no radicalizada –que tan buenos réditos institucionales da en ocasiones-, al tiempo que se preserva la imagen de solidaridad y el caché de “otro mundo posible”.

El genocidio de los palestinos

La tarea de los militantes del PSOE y de otros grupos cuya prioridad son las relaciones institucionales estaba clara desde el principio: proporcionar toda clase de apoyo mediático, legal y económico para las movilizaciones de solidaridad con Gaza, interceptando al tiempo toda iniciativa que rayara la posibilidad de un roce con el gobierno israelí. Es así que se rechazó la utilización de la palabra genocidio en las pancartas, en los manifiestos, etc. bajo la amenaza de romper la baraja.

Pero por qué ha sido tan importante desterrar del vocabulario la palabra genocidio de cualquier denuncia a Israel y de cualquier acto de solidaridad con la población palestina? ¿Por qué la palabra de consenso ha sido “masacre”? Para no irnos muy lejos al derecho o la legislación internacional detengámonos en la definición que hace el Diccionario de la Real Academia española sobre la palabra genocidio: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política”.

El historiador Ilan Pappé llevó a cabo una investigación exhaustiva, recurriendo a fuentes judías,- archivos desclasificados de los cuerpos de seguridad israelíes, archivos sionistas, informes del Departamento de Estado, Archivos de Ben Gurion, testimonios militares, etc.- y llegó a la conclusión irrefutable de que desde el mismo momento de la fundación del Estado de Israel los judíos planificaron la limpieza étnica de Palestina[4]. En un texto reciente se refiere a distintos investigadores que “llaman la atención sobre la distinción entre las masacres que forman parte de un genocidio, que están planificadas, y las masacres no planificadas que resultan directamente de sentimientos de odio y de venganza en el contexto general de una limpieza étnica”[5]. Todos los indicios y certezas de los “nuevos historiadores” israelíes apuntan a que en el caso de las actuaciones de Israel contra los palestinos tuvieron lugar masacres en el contexto de la limpieza étnica sobre la que se diseñó el Estado israelí, pero al mismo tiempo, la planificación, la sistematicidad y los objetivos políticos convierten la mayor parte de las masacres cometidas en parte del genocidio del pueblo palestino. De modo que, si el acto fundacional de la nación israelí lleva implícito junto con la limpieza étnica, el genocidio de los palestinos, entonces, la misma existencia de este Estado queda deslegitimada.

La palabra masacre implica, según la RAE (real academia española) “Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. Si cambiamos la palabra genocidio por la de masacre, obtenemos que no se trata de un acto planificado, ni siquiera intencional, que puede ser de dos, tres, o cien personas pero no de un pueblo entero; la masacre resulta de “un ataque armado o causa parecida”, es decir que puede ser el resultado de una guerra, o que la relación causal está directamente relacionada con un conflicto armado, es decir, que el objetivo no puede ser un objetivo político que se dirija a eliminar a personas por cuestiones raciales, étnicas o políticas, y tampoco el objetivo es acabar con la población civil sino que puede ser una consecuencia no querida, un odio incontrolado de los soldados, una desproporción justificada por cuestiones técnicas... Finalmente, las personas a las que se mata están –según la definición de la RAE-, “por lo general indefensas”, pero, podrían no estarlo. De modo que, un término, una sola palabra, puede ser fundamental para caracterizar y situar políticamente a quienes deciden usarla en vez de otra. Las palabras, como las cosas, no son neutras ni objetivas. En este caso caracterizan un conflicto y colocan a sus usuarios en una posición u en otra.

Desde el punto de vista de los costes políticos, la mayor parte de las organizaciones que encabezaron las movilizaciones, no se jugaban nada ante las masas movilizadas, ya que éstas, en general, no tenían por qué percibir la diferencia entre que se usara la palabra genocidio o masacre; sin embargo, de cara a sus relaciones institucionales se optaba por el término más aceptable.

Más allá de las consideraciones jurídicas que puedan hacerse sobre el tema, y del pragmatismo de los profesionales del derecho, considerar los ataques a la Franja de Gaza una “masacre” ha contribuido al cierre del tema en tanto que un hecho lamentable pero puntual –tan lamentable y puntual como la destrucción de Jenin en el 2002-. Catalogado como un “ataque desproporcionado” puede archivarse el caso como un capitulo más de cierta sin razón de ciertos gobernantes, que quizá, algún día, podrán ser juzgados por crímenes de guerra, por sus “errores” y sus “desproporciones”. Nuestra imagen, en la distancia, será la de seres solidarios que se conmueven con las muertes de inocentes pero que pasada la “masacre”, podrán retornar a sus quehaceres cotidianos y que habrán hecho todo lo que estaba en su mano. Esa “izquierda bienpensante” al negarse a reconocer la lógica que envuelve las palabras, al negarse a indagar sobre la esencia del conflicto, al acomodar su discurso a los requerimientos oficialistas, habrán tomado partido, de nuevo –algunos sin darse cuenta- por el bando equivocado.

El boicot a Israel

Desde las instituciones, aunque también desde ciertos grupos que son favorecidos y/o compensados por sus “esfuerzos para la paz”, está mal visto hablar del boicot a Israel. El boicot implica “Privar a una persona o a una entidad de toda relación social o comercial para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige”. Si como demandan todos y cada uno de los grupos solidarios con los palestinos, unos con la boca chica y otros a voz en grito, hay que pedir a Israel que cumpla con las resoluciones de la Organización Naciones Unidas, ¿por qué renunciar a un instrumento como el boicot que tan eficaz se mostró en el caso de Sudáfrica?

En el caso de Israel, pedir que cumpla las resoluciones, no pasa de ser una carta a los reyes Magos, más aún teniendo en cuenta las nulas posibilidades que existen en la ONU para que el Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo, sancione efectivamente a Israel y le obligue a cumplir dichas resoluciones. Más aún si indagamos un poco y comprobamos que esta institución está en el mismo origen del problema.

Privar a Israel de relaciones comerciales podría dar lugar a su estrangulamiento económico; no cuenta con una economía autosuficiente y sus relaciones con los países del área no le permitirían sobrevivir comercialmente, por otro lado, su economía está fuertemente militarizada, depende de la industria de la guerra norteamericana, y del expolio de los recursos palestinos. Realmente sería un problema para Israel si se incidiera en sus relaciones comerciales. Hay grupos que no se niegan a este tipo de boicot ya que puede ser llevado a cabo de forma individual, depende del criterio y la voluntad de los consumidores y en última instancia, permite justificar los recursos empleados en las necesarias campañas de sensibilización; tampoco compromete realmente sus relaciones institucionales; otros, es verdad, defienden este tipo de boicot con total sinceridad.

El verdadero problema se plantea cuando lo que se demanda es el boicot institucional. Boicotear en sus relaciones institucionales a Israel, desde el punto de vista político, tiene implicaciones que le son en todo punto inaceptables dado que apuntan a su legitimidad democrática. Lo que se pretende conseguir con el boicot no tiene que ver con la modificación de una política concreta, o el reconocimiento de los palestinos, o cierta concesión a la otra parte en conflicto, en este caso, lo que se pone en evidencia es la propia “democracia israelí” en la que existen leyes discriminatorias que se asemejan al sistema de aparheid sudafricano, generando ciudadanos de segunda para los árabes israelíes, como la Ley de Nacionalidad que establece diferencias en la obtención de la ciudadanía para judíos y no judíos; la Ley de Ciudadanía por la que ningún ciudadano israelí puede casarse con un residente de los territorios palestinos ocupados[6], la ley del Retorno por la que cualquier judío del mundo si se traslada a Israel puede obtener la ciudadanía y un sin número de privilegios; además, la existencia de más de 11.000 presos políticos palestinos en Israel a los que se les aplica la justicia militar; la práctica de la tortura acogiéndose a las leyes del Mandato británico, etc.

El boicot supone la posibilidad de que los ciudadanos y las instituciones puedan llevar a cabo acciones que dependen de ellos y no de la voluntad de Israel ni de los gobiernos propios. Esto supondría el quebrantamiento, aunque fuera parcial, de la impunidad israelí. La impotencia y el desánimo que genera una Comunidad Internacional incapaz de hacer cumplir a Israel las resoluciones de la ONU, el mensaje de un Israel poderoso contra el que nada se puede, se verían fisurados por acciones que estarían en manos de los ciudadanos y de las instituciones (Universidades, Organismos deportivos, Fundaciones, sindicatos, partidos...)

El bloqueo de estas dos palabras “genocidio” y “boicot” por parte de la izquierda institucionalizada, neutraliza y desactiva la lucha contra el sionismo israelí y coloca en el mismo lugar a casi todo el espectro político de nuestro país: contemplando con “indignación” y rascándose los bolsillos para seguir las indicaciones de Moratinos de concentrarse en la ayuda humanitaria –que tan buena rentabilidad política genera-. Mientras, los palestinos seguirán siendo unas malas víctimas porque preferirán, aun siendo asesinados -unas veces lenta y otras rápidamente-, seguir resistiendo y luchando por su tierra.

Notas

[1] En estos momentos Moratinos aparece como uno de los principales valedores del gobierno Israelí, hasta el punto de pedir disculpas a la Ministra Tizpi Livni y proponer reformar la legislación española para que no vuelva a darse el caso de que una querella contra militares israelíes por crímenes de guerra, sea admitida a trámite por la Audiencia Nacional como ocurrió el día 29/1/09.

[2] Los árabes fueron los que acudieron masivamente a la primera convocatoria de concentración ante el ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid (3/01/09), respondiendo al llamamiento de las mezquitas. Desbordaron a los organizadores generando una manifestación espontánea que caminó hacia la embajada israelí, cortando arterias tan importantes como la calle Alcalá, la mitad de los carriles de la Castellana, etc. A partir de ese momento, quedaba claro que el peligro de desbordamiento había de ser evitado.

[3] De hecho, esta estrategia de canalización y control la puso en marcha el PSOE desde los atentados del 11 de marzo, creó dentro de la secretaría de “Movimientos sociales y relaciones con las ONg” un grupo federal de “Árabes socialistas”; y dependiente del Ministerio de Justicia puso en marcha la Fundación Pluralismo y convivencia, que da cursos sobre el Islam y los principios democráticos, patrocina seminarios sobre la integración de los musulmanes, hace seguimiento de los congresos de las comunidades islámicas en España, etc..

[4] Ilan Pappé, La limpieza étnica en Palestina, ed. Crítica, Barcelona, 2008

[5] Ibidem, Los demonios de la Nakba, ed. Bósforo, Madrid, 2008, p.98

[6] Si esto ocurre la persona judía pierde todos los derechos como ciudadano israelí.