La tortura como una política oficial israelí (I)

02.02.09
Stephen Lendman
Countercurrents

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura define esta práctica como "cualquier acto mediante el que se inflige intencionadamente sobre una persona un dolor severo o sufrimiento, tanto físico como mental, con propósitos tales como obtener de él o de una tercera persona información o una confesión, castigándole por un acto que él o una tercera persona hubiera cometido o que se sospeche que haya cometido o intimidándole o coaccionándole, a él o a una tercera persona o por cualquier razón basada en una discriminación de cualquier tipo y cuando tal dolor y sufrimiento es infligido por o debido a la instigación de o con el consentimiento o aquiescencia de un cargo público o de cualquier persona actuando desde una posición oficial…”.

Los Estados Unidos e Israel son los únicos estados modernos que reconocen legalmente la tortura. Un artículo anterior abordó el tema de EEUU, mientras que éste aborda el tema con relación al Estado judío. Aunque su lenguaje es en parte vago, contradictorio y protege las practicas abusivas, la Sección 277 de la Ley Penal israelí de 1977 prohíbe la tortura al estipular sanciones penales por su uso. Así, afirma en un lenguaje similar al de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura que "un funcionario público que cometa uno de los siguientes supuestos es susceptible de ser encarcelado por tres años:

(1) Utiliza o dirige el uso de la fuerza o la violencia en contra de una persona, con el propósito de lograr de ella o de segundos, una confesión sobre un delito o información relativa a un delito;

(2) Amenaza a cualquier persona o apunta a que se efectúen amenazas contra una persona, ocasionando perjuicios hacia esa persona o su propiedad o hacia la persona o propiedad de cualquiera en quien se esté interesado [en investigar], con el propósito de obtener de él la confesión de un delito o cualquier información relacionada con un delito”.

Sin embargo, en este sentido Israel claramente discrimina a los palestinos (incluidos los ciudadanos árabe-israelíes), les niega derechos sólo reconocidos a los judíos y obtiene de sus tribunales cobertura legal.

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