constituyen un insulto a las víctimas
CSCA - Traducción: Agustín Velloso
Adalah - Addameer - Aldameer - Al Haq - Al Mezan –Badil – Civic Coalition for Jerusalém - Arab Association for Human Rights - DCI Palestine - ENSAN Centre - ITTJIAH - Independent Commission for Human Rights - Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centre - Palestinian Centre for Human Rights - Ramallah Centre for Human Rights Studies - Women’s Centre for Legal Aid and Counselling -
Ayer, 2 de octubre de 2009, la Autoridad Palestina –bajo intensa presión internacional encabezada por Estados Unidos– aplazó el borrador de propuesta al Consejo de Derechos Humanos que respalda todas las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas (el Informe Goldstone). Este aplazamiento deniega a los palestinos el derecho a una intervención efectiva de la justicia y a una protección legal. Representa el triunfo de la política sobre los derechos humanos. Es un insulto a todas las víctimas y la negativa a sus derechos.
Los crímenes documentados en el Informe constituyen las más graves violaciones de la ley internacional; el juez Goldstone concluye que hay pruebas que indican que se han podido cometer crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza. Estas violaciones se mantienen en la actualidad, ente otras, mediante el bloqueo ilegal impuesto por Israel a la misma. La Comisión confirma investigaciones anteriores realizadas por organizaciones internacionales, israelíes y palestinas independientes.
La injusticia que ahora afecta a los palestinos también alcanza al resto del mundo. Los derechos humanos y la ley humanitaria internacional no admiten discriminaciones ni dependen de la nacionalidad, la religión o la adscripción política, sino que se aplican de forma universal a todos los seres humanos.
La ley está hecha para proteger a los individuos, para garantizar sus derechos fundamentales. Entonces, para que se respete la ley, se debe hacer cumplir. La historia mundial y la ocupación israelí de tierra palestina muestran que mientras la impunidad persista, la ley continuarán siendo violada y personas inocentes seguirán sufriendo terribles consecuencias.
La justicia retrasada es justicia denegada. Todas las víctimas tienen derecho a una intervención judicial y a la protección legal. Este derecho es universal, no depende de consideraciones políticas. En los nueve meses transcurridos desde la operación Plomo Fundido, no se han llevado a cabo investigaciones judiciales efectivas sobre el conflicto. La impunidad reina. En tales casos, la ley internacional exige el recurso a mecanismos judiciales internacionales. El derecho de las víctimas ha de estar asegurado. Los responsables han de responder de sus actos.
La creencia de que la responsabilidad y la ley pueden dejarse de lado en la búsqueda de la paz es errónea. La historia enseña una y otra vez que una paz sostenible sólo puede construirse sobre los derechos humanos, la justicia y el imperio de la ley. Durante muchos años en Palestina, la ley internacional y el imperio de la ley se han sacrificado en nombre de la política y del proceso de paz. Esta vía se ha probado y ha fracasado: la ocupación se ha asentado, los asentamientos ilegales han crecido, el derecho de autodeterminación se ha impedido y personas inocentes han sufrido terribles consecuencias. Es hora de buscar la justicia y una paz basada en los derechos humanos, la dignidad y el imperio de la ley. En palabras del juez Goldstone, no hay paz sin justicia.
La justificación ofrecida por los líderes palestinos para su aplazamiento son inadecuadas. No se requiere el consenso, el sistema de Naciones Unidas funciona por mayoría. Desde sus comienzos y a través de la ocupación israelí que empezó en 1967, rara vez se ha alcanzado el consenso. Las Naciones Unidas fueron establecidas para representar la voluntad de las naciones del mundo; es inevitable que exista el desacuerdo y la falta de consenso. Las decisiones deben descansar sobre la voluntad de la mayoría.
Como organizaciones de derechos humanos condenamos fuertemente la decisión de la Autoridad Palestina de aplazar la propuesta que apoya las recomendaciones de la Comisión de Investigación y la presión ejercida por ciertos miembros de la comunidad internacional. Esta presión contradice las obligaciones internacionales de los estados y es un insulto al pueblo palestino.
Como organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil preocupados por la justicia y los derechos humano, declaramos que redoblaremos nuestros esfuerzos de inmediato para obtener justicia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Palestina.
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